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PROGRAMA DE REPARACIÓN JUDICIAL
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- PRIMERA hasta el 31 de DICIEMBRE del presente año socializando el programa.
- SEGUNDA el 1 de ENERO hasta el 31 de JULIO del 2023 en los estrados judiciales o lo que tarden los jueces en dictar sentencia (Acción de grupo Ley 472 de 1998).
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Existen dos tipos de reparación: LA ADMINISTRATIVA Y LA JUDICIAL.
LA ADMINISTRATIVA.
Es la que hace el gobierno nacional a través de la Unidad de Víctimas. Reclámela personalmente, es una obligación del Estado pagársela, NO necesita cancelar mordidas ni porcentajes a funcionarios ni a particulares corruptos ¡DENÚNCIELOS!
LA JUDICIAL.
Es la que se hace ante los jueces de la Republica a través de apoderado contra la nación y otras entidades, para la liquidación y pago por los perjuicios ocasionados por el delito de desplazamiento forzado.
Nosotros, nos ocupamos únicamente de la REPARACIÓN JUDICIAL, la cual si requiere la intervención de un profesional del derecho y en el presente caso con solo el 10% de honorarios profesionales sin anticipo, pagaderos a resultado.
¿Por qué estamos ofreciendo este servicio?
Porque tenemos el conocimiento, la capacidad y la experiencia, que nos hace eficaces, eficientes y actuamos con honor, transparencia y en defensa de las personas que están en desventaja, que lo han perdido todo y tienen el derecho a su reparación y no tienen los recursos económicos para pagar los costosos honorarios de abogados que viven en las grandes capitales de nuestro territorio.
MARCOS LEGALES QUE RESULTAN COMPLEMENTARIOS, MÁS NO EXCLUYENTES.
Beneficios reparación integral por la vía judicial
Beneficio 1
Por el solo delito de desplazamiento forzado, mediante sentencia judicial, los beneficiarios podrán recibir más de 60 millones de pesos o por cada víctima de desplazamiento forzado, debidamente registrado. Los beneficios de los menores los reciben los padres, no quedan retenidos
Beneficio 2
Por otros delitos (homicidio, tortura, secuestro, desaparición forzada, reclutamiento de menores y perdida de bienes materiales), podrá recibir entre 100 millones a mil millones de pesos o más por familia, dependiendo del número de víctimas y el número de delitos sufridos por cada familia (esposa, hijos, madres y hermanos) dentro del conflicto armado
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